Autor: Pedro Trujillo

Si los señalamientos son veraces, estaríamos ante relaciones y prácticas que merecerían una explicación mucho más seria que los insultos o una pelea política en redes sociales y medios.

Hemos normalizado una paradoja difícil de justificar: un Estado que ofrece servicios propios de un país pobre, pero que remunera a sus altos funcionarios como si administraran uno rico.

Un acuerdo que no pretenda resolver todas las diferencias ideológicas ni todos los problemas, sino concentrarse en cinco o seis objetivos nacionales compartidos.

La justicia exige que se cobre por los servicios que cada ciudadano recibe, no por el simple hecho de poseer una propiedad que ya pagó impuestos.

El viejo león todavía ocupa formalmente el centro del reino, pero alrededor suyo hace rato que corretea una nueva generación de cachorros impacientes encabezados por Samuel Pérez y sus inseparables compañeros de manada.

Cuando planificar sustituye a ejecutar, el poder ejecutivo deja de ser ejecutivo.

La esclavitud no deja de ser esclavitud porque vista bata blanca, se disfrace de cooperación internacional o sea administrada por un Estado.

Cuando una universidad dedica más energía a disputar poder que a formar estudiantes, deja de ser academia y se convierte en política.

Los quejosos son los mismos que durante años celebraron, impulsaron y aplaudieron la abierta injerencia de anteriores embajadores norteamericanos en la política nacional.

El viejo león todavía ocupa formalmente el centro del reino, pero alrededor suyo hace rato que corretea una nueva generación de cachorros impacientes encabezados por Samuel Pérez y sus inseparables compañeros de manada.

Lo que parece plantearse es algo mucho más básico y peligroso: como la Corte actual decide de forma que algunos consideran incorrecta, entonces hay que destruirla.

Nos centramos en sujetos concretos con emoción y subjetivismo e ignoramos las normas como hechos abstractos y generales, y ese es el verdadero problema de fondo.

Lo más curioso es que probablemente buena parte de la población aceptaría una cooperación más agresiva contra el narcotráfico si se explicara, pero el gobierno parece empeñado en no comunicar estos temas.

El problema es que seguimos discutiendo como si la captura institucional fuera patrimonio exclusivo de un bando, y nos encanta ese autoengaño.

La vieja política al menos tenía el pudor de disfrazarse de doctrina. Ahora basta con una aplicación informal de intereses, una llamada, una reunión discreta y una promesa de apoyo mutuo.

El impuesto sobre la propiedad introduce, en la práctica, una condición permanente: el propietario lo es mientras paga.

El costo político de este tipo de enfrentamientos suele ser alto, porque obliga a los ciudadanos a posicionarse no tanto desde el análisis como desde la adhesión emocional.